Para el fiscal, el partido fue una estafa

El juicio por la supuesta compra del Levante-Zaragoza en 2011 está visto para sentencia. Se espera conocer el veredicto antes de fin de año. Son 42 acusados, 36 de ellos futbolistas o ex futbolistas profesionales. Es la primera vez que el amaño de un partido de fútbol y el cobro de comisiones por dejarse ganar impulsan un procedimiento penal en España. Según la acusación, el Zaragoza pagó a los jugadores del Levante 1,7 millones de euros para comprar el encuentro y conseguir así su permanencia en la primera división española.

La Fiscalía solicita la misma pena para todos los jugadores y técnicos implicados: dos años de prisión (excarcelable), seis años de inhabilitación y una multa de 3,4 millones de euros. Entre los procesados hay 3 argentinos acusados de corrupción deportiva: Leonardo Ponzio de River, Nicolás Bertolo de Banfield y Leonardo Franco ex arquero de la Selección y de San Lorenzo de Almagro.

Para el fiscal de la causa, Pablo Ponce, el Real Zaragoza “compró el partido y para eso necesitó la colaboración de sus futbolistas que estaban más preocupados por los maletines que por ganar. Fue un encuentro amañado, simulado, una estafa”.

Según la investigación, el dinero habría salido de las cuentas del Real Zaragoza antes de la celebración del choque, y que los dirigentes del equipo aragonés pensaron en hacer unas transferencias a distintos jugadores de su propio club “para darle apariencia de normalidad” y camuflar esos pagos -unos 765.000 euros sacados en efectivo y 965.000 euros transferidos a nueve jugadores del Zaragoza- como si fuesen unas primas por la permanencia.

Leonardo Ponzio reconoció ante el juez que recibió 85.000 euros del club. "Recibí una llamada del presidente en la que me dice que me iba a ingresar un dinero, que tenía que hacerle el favor de retirarlo y devolvérselo luego”, se justificó.

Por su parte, los abogados de la defensa sostienen que “la acusación tiene fisuras y está sustentada en rumores y habladurías”, por lo que han reclamado la absolución de los acusados por entender que no hay pruebas para condenarlos y que los indicios se han quedado en meros indicios, pero también han reclamado la nulidad de las actuaciones al entender que el proceso estaba viciado.